Voto electrónico o autismo político

Hemos presenciado el debate en torno al proyecto de ley que pretende instaurar el voto electrónico. En dicho debate, más allá de la variedad de las voces participantes, se ha hecho evidente la desconfianza que este sistema genera. Esta desconfianza está basada en experiencias de otros países que habían adoptado sistemas similares y luego los descartaron y en una serie de motivos técnicos. Pero está claro que el proyecto en cuestión no es un asunto meramente técnico sino fundamentalmente político, además de un inmenso negocio para empresarios amigos del actual gobierno. Es por eso que queremos dejar sentada nuestra posición en contra de esta inciativa, que es un caballo de Troya que pone en riesgo nuestra democracia. Estamos hablando del medio por el cual materializamos la voluntad popular cada dos años.

votoElectronico

Como adelantamos, el voto electrónico plantea una serie de problemas. Expondremos de manera sintética los que nos parecen más graves, sin pretender realizar un listado exhaustivo. En primer lugar, nos referiremos a las vulnerabilidades de la seguridad del sistema, que potencialmente permiten al proveedor del sistema o a terceros alterar la integridad del voto o violar el secreto. Esto se hace evidente incluso leyendo la patente del sistema desarrollado por MSA (que es el que se toma como referencia de la propuesta oficialista), donde se afirma que los votos pueden leerse sin necesidad de tener que abrir la urna.1 Si los votos pueden leerse sin abrir la urna, también pueden leerse cuando están en manos de los votantes, violando el secreto del voto. El secreto también podría violarse fácilmente mediante la utilización de componentes no declarados que guarden una copia de todos los votos y registren el orden y la hora de emisión de los mismos. Por otra parte, la integridad puede violarse tanto alterando el contenido de los chips como el proceso de recuento (que se realiza de manera electrónica). Si bien se realiza una impresión térmica con los datos del voto, las actas de escrutinio sólo pueden emitirse con los resultados alojados en los chips.

Las vulnerabilidades no son teóricas, sino que se han manifestado en la práctica. Ejemplo de esto es el voto múltiple (la posibilidad de que una boleta aloje varios votos, que al momento de ser escaneados se suman al total). Otro ejemplo es la filtración de los certificados SSL utilizados para la transmisión de resultados, ocurrida el año pasado.2

En segundo lugar, el sistema de MSA no cumple con lo especificado en la Ley N.º 25.506 de firma digital. Dicha ley exige que cualquier persona que firme un documento, lo haga con una firma propia previamente emitida a su nombre, por una autoridad de registro. Las decenas de miles de personas que se desempeñan como autoridades de mesa en las elecciones nacionales no cuentan con dichos certificados.

En tercer lugar,  y de una extrema gravedad, es la imposibilidad de auditar y fiscalizar todos los componentes del sistema. Por un lado, la gran mayoría de la población queda privada de su derecho de fiscalizar las elecciones, dado que sólo un pequeño porcentaje de la población tiene los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento del sistema. Por otro lado, la posibilidad de auditar el sistema se limita en el proyecto y se sanciona cualquier tipo de auditoría independiente. El proyecto tipifica nuevos delitos. ¿Qué tan seguro puede ser un sistema que requiere la modificación del código penal?

En cuarto lugar, el sistema excluye a las personas que tienen dificultades para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. El sufragio es universal y su ejercicio no puede estar supeditado a la posesión de habilidades técnicas. Tampoco puede excluirse a quienes sufren algún tipo de patología que les provoque fobia a las tecnologías utilizadas.

En quinto lugar, el sistema no sólo presenta estas desventajas, sino que las supuestas ventajas, anunciadas por los impulsores del proyecto, no son tales. Por ejemplo, se aduce que este sistema “ahorrará costos”, al evitarse la impresión de boletas de papel. Sin embargo, el costo de los equipos y la infraestructura de voto electrónico es inmensamente mayor que el de la impresión de boletas de papel. Otra supuesta ventaja sería un menor impacto ambiental, nuevamente por evitar la impresión de millones de boletas de cada partido. Sin embargo, esto también es falso, dado que las baterías de las computadoras de votación tienen un impacto ambiental mucho mayor que la impresión de boletas en papel. Otra ventaja aducida es la rapidez. Si bien es cierto que este sistema permite obtener los resultados en menos tiempo que con el utilizado en la actualidad, la legislación electoral establece que el voto es secreto, obligatorio, universal e igual. Nada dice sobre la velocidad del escrutinio. No pueden sacrificarse características esenciales del voto a cambio de acelerar en dos o tres horas la finalización del escrutinio provisorio.

Por último, queremos expresar nuestra preocupación por lo que significaría la existencia de un sistema así en manos del actual gobierno, que tiene serios antecedentes en espionaje. Es de público conocimiento el espionaje realizado desde el Estado en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, espionaje que hoy se repite con periodistas críticos al gobierno. Algo similar ocurre con la apropiación de la base de datos de ANSES por parte de la Secretaría de Comunicación Pública. ¿Qué impediría al gobierno cruzar estos datos con los registros de votación y con el resto de las bases de datos que poseen?

Es por esto que nos oponemos al proyecto, y consideramos que en caso de que se quiera reemplazar el actual sistema de votación por uno nuevo, existen alternativas más baratas, eficientes y seguras, como el voto con boleta única en papel. O, en el caso de que se quiera acelerar el proceso de recuentro, mediante la utilización de boletas impresas con un código QR estándar, cuyo contenido podría ser revisado por cualquier votante con su teléfono celular. A diferencia de los chips del sistema impulsado por le gobierno, la impresión no es alterable ni legible por radiofrecuencia, y el costo sería varios órdenes de magnitud más bajo.

A lo anterior debemos agregar que esto ocurre cien años después de la sanción de la primera elección presidencial realizada bajo la Ley Sáenz Peña (que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio masculino). Aquel período democrático se interrumpió con el golpe de Uriburu que inauguraría la década infame, sustentada en el llamado “fraude patriótico”. No podemos permitir que esta nueva restauración conservadora tenga las herramientas para falsificar nuevamente los votos del pueblo. Cuidemos nuestra democracia, que mucha sangre nos costó.

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